Los beneficios que se extraerán de la aplicación de esta nueva Directiva son numerosos
En primer lugar, va a contribuir a la eliminación de barreras trasnacionales en contratación pública, asegurando la interoperabilidad entre los sistemas nacionales de facturación electrónica, lo que ocasionará un mejor funcionamiento del Mercado Único. Esto implica pagos más rápidos y nuevas oportunidades de negocio.
Estas reformas también permiten a las autoridades optimizar el uso de la licitación pública. Los contratos públicos que cubren las directivas europeas están valoradas en unos 420.000 millones de euros, lo que los convierte en un driver fundamental en nuestra economía actual.
Asimismo, reducirá visiblemente los costes y la complejidad de la contratación pública en Europa. Son los cimientos para que las empresas europeas trabajen en el continente sin necesidad de soportar unos grandes costes, que hasta ahora
las pequeñas y medianas empresas no se podían permitir. Según estudios realizados por la Comisión Europea, el uso de medios electrónicos en los procesos de contratación pública reduce el coste de contratación entre un 5% y un 20%, dependiendo de los casos. Aplicado a las Administraciones Públicas españolas, esta cifra supondría un ahorro en torno a 7.800 millones de euros al año.
¿Pero cual es la realidad en Europa?
El hecho de que existan diferentes grados de adopción entre países (como Portugal y Reino Unido frente a España) demuestra que la tecnología por sí misma no es el mayor obstáculo, ya que aparece o evoluciona en función de la necesidad u oportunidad de negocio que suponga. Para facilitar la adopción de este tipo de soluciones a escala nacional en una administración pública
tan compleja como la nuestra, la legislación debe ser motivadora y clara en este aspecto. Es lo que la nueva Directiva impone sin ambigüedades, el uso exclusivo de medios electrónicos en la contratación pública. Solo de este modo se puede lograr un avance significativo y ordenado que tenga repercusión en la esfera local.
Por otro lado, la legislación se debe acompañar del factor humano, la transición y el ecosistema. Portugal optó por un modelo de homologación de soluciones existentes de licitación electrónica a través de un contrato marco nacional, con importantes resultados:
a) reduciendo el tiempo de licitación de este tipo de soluciones para el conjunto de administraciones públicas (contrato marco)
b) evitando bloquear al sector privado, de modo que los proveedores de plataformas se han convertido en agentes del cambio, proporcionando servicios adicionales para facilitar la transición, el soporte a los usuarios y la innovación en las plataformas.
NOTA: Este texto se extrae del capítulo “El Nuevo Escenario de la Contratación Pública Electrónica” elaborado por Javier M. Jiménez, Director de Estrategia y Marketing de Aytos, para el “Libro Blanco de Licitación Pública Electrónica” en el que VORTAL ha colaborado junto con la Federación de Municipios de Madrid, IESE Business School y Aytos.